En las instalaciones de la Vicaría para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali en el barrio La Primavera, se compartió un espacio de reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y en el Pacífico colombiano en los tiempos del cambio. Se presentaron tres informes desde la sociedad civil como una visión alternativa y desde los territorios al informe presentado por el Estado de Colombia ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales (DESC) de las Naciones Unidas durante el séptimo examen. Asistieron delegados de numerosas organizaciones comunitarias y sociales, instituciones públicas, de la academia, la Iglesia Católica y la Oficina Regional de DD.HH. de la ONU.
Panorama General
En 2025, Colombia enfrenta una grave crisis humanitaria derivada del aumento de la violencia en múltiples regiones del país. Más de 77.000 personas han sido desplazadas forzadamente debido al conflicto armado, con zonas como el Catatumbo y el norte de Chocó entre las más afectadas. La violencia no solo afecta a la población civil, sino también a defensores de derechos humanos, mujeres y comunidades LGBTIQ+, quienes sufren agresiones, femicidios y desplazamientos. La respuesta estatal aún es insuficiente, predominando una estrategia militar que no negocia con las comunidades, lo que perpetúa la impunidad y el conflicto armado en el 71% del territorio nacional.
La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ha elaborado un informe alterno, con el fin de brindar la mirada de la sociedad civil sobre la situación de los DESC en el país. El informe refleja avances parciales en la implementación de acuerdos de paz, pero señala que solo un 34% se ha cumplido. La desigualdad estructural, la crisis climática y la inseguridad alimentaria afectan especialmente a las poblaciones afrodescendientes e indígenas, que continúan siendo víctimas principales de la violencia y el despojo territorial. La educación y la vivienda presentan déficits significativos, mientras que el país sigue siendo uno de los más peligrosos para la defensa de los derechos laborales y sindicales.
Una visión desde los pueblos étnicos del Pacífico Colombiano
El informe de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano presenta un análisis exhaustivo de 2018 al 2024 sobre la situación de DESC —incluyendo los derechos ambientales— en los pueblos indígenas y comunidades negras de la región del Pacífico. Este documento, elaborado en colaboración con las comunidades, evidencia las múltiples desigualdades y vulneraciones que enfrentan estos grupos, a pesar de algunos avances en la gestión de recursos y protección ambiental. Entre los logros destacan la formulación de 115 proyectos con enfoque étnico, la estructuración de 92 de estos y la participación activa de las comunidades en la planificación de sus propios proyectos de desarrollo y bienestar.
El informe resalta los retos persistentes, como la exclusión social, la desigualdad económica y la vulneración del derecho a la autodeterminación territorial, agravados por el extractivismo, la deforestación y la contaminación de ríos vitales como el Atrato. Además, describe cómo la pandemia y la expansión del conflicto armado han profundizado la crisis en la región, con impactos relevantes en la salud, la alimentación y el acceso a recursos básicos. La vulnerabilidad de las comunidades étnicas frente a proyectos extractivos sin consulta previa y la violencia contra líderes sociales siguen siendo obstáculos para la paz y la justicia en estos territorios.
El documento también denuncia la falta de respuestas efectivas por parte del Estado colombiano y la ausencia de instituciones clave en el proceso de rendición de cuentas ante la ONU. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la participación comunitaria, garantizar la autonomía territorial y proteger el medio ambiente, en sintonía con las demandas de las comunidades de la región. La publicación representa un llamado a la acción para que las políticas públicas sean más inclusivas y respetuosas de los derechos de los pueblos étnicos, en línea con los compromisos internacionales y las metas de desarrollo sostenible.
Las recomendaciones al Estado colombiano para mantener la esperanza
Las recomendaciones de los informes enfatizan la necesidad de una presencia estatal diferenciada y articulada con la participación comunitaria para asegurar el derecho a la paz. Se subraya la urgencia de desmontar grupos paramilitares, garantizar la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y proteger el medio ambiente. La crisis del acceso al agua y la contaminación, así como la crisis alimentaria, requieren atención prioritaria para mitigar las desigualdades raciales y territoriales. Sin políticas inclusivas y compromiso real con los acuerdos, la paz y la justicia social se ven aún lejanas en Colombia este 2025.
Créditos de las imágenes: Observatorio de Realidades Sociales, Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, Pastoral Afro Cali
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