Guapi / López de Micay / Timbiquí. El jueves pasado culminó la caravana humanitaria de tres días por la costa del Pacífico caucano, en el surooccidente de Colombia. Su lema fue Pacto por la Vida y la Paz: Respetar la Vida para construir la Paz. Más de 200 personas de organizaciones nacionales e internacionales recorrieron bocanas, esteros y ríos de sus tres municipios costeros: Guapi, Timbiquí y López de Micay. El objetivo de la caravana fue el fin de la actual crisis humanitaria en la región del Pacífico, como consecuencia del conflicto armado. Las personas que participaron (caravanistas) hacen un llamado a los actores armados al margen de la ley para que dialoguen con la sociedad civil.
El Pacto por la Vida y la Paz lo impulsaron, en septiembre de 2020, diferentes sectores de la sociedad civil, organizaciones étnico-territoriales, sociales, eclesiásticas, del sector académico, instituciones estatales, organismos internacionales y otras expresiones del movimiento social de los cuatro departamentos de la costa pacífica colombiana. Denunciaron el recrudecimiento del conflicto social, político y armado, la agudización de la crisis humanitaria y el incumplimiento de los acuerdos de paz a nivel nacional. En la actualidad, la Mesa Étnica Territorial de Paz (METP), la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (COCOCAUCA) y el Vicariato Apostólico de Guapi, se unieron para organizar la Caravana Humanitaria para invitar a otros sectores de la sociedad a sumarse al pacto y apoyar la paz.
Orlando Pantoja, palenquero mayor de COCOCAUCA, constata que por primera vez se logra llevar a cabo una caravana de este alcance en esta región del Pacífico. “Queremos dejar claro que no vamos a entregar nuestro territorio ancestral a nadie. Somos un pueblo anfibio, con una tradición milenaria, que se mueve por las aguas, los ríos, los esteros. Nuestro mensaje es: vamos a permanecer en el territorio que nos dejaron nuestros ancestros”, dijo Pantoja.
El último acontecimiento grave de violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario fue hace poco más de un mes, a raíz de enfrentamientos armados entre disidencias de las FARC-EP y la Infantería Marina. Sucedió en el río Saija, en la zona rural del Municipio de Timbiquí. Muchos corregimientos quedaron atrapados en el fuego cruzado, esto obligó a 44 familias a huir a la cabecera municipal timbiquireña, según un miembro de una organización de ayuda humanitaria de la región. Un total de 6.000 personas estuvieron confinadas entre los enfrentamientos armados. Los desplazados forzados permanecieron no más que una semana en Timbiquí, debido a las condiciones insuficientes e inadecuadas de alojamiento y ayuda. Decidieron regresar a sus veredas, pese a que la situación de seguridad no permitió un retorno ordenado y acompañado por organizaciones garantes. Es el segundo caso de desalojo masivo que se produce en la misma zona este año; esto evidencia la necesidad de crear un albergue para las víctimas de desplazamientos forzados. La caravana fluvial visitó Puerto Saija precisamente para mostrar su solidaridad y transmitir un destello de esperanza.
La Caravana también se detuvo en varias veredas y ciudades; las comunidades la acogieron con arrullos y música tradicional del Pacífico. Se plantó, en cada lugar de visita y como símbolo de resistencia cultural y de sobrevivencia,un árbol de matarratón. Las hojas de este árbol sirven como remedio ancestral para enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria. La deficiencia en la atención de salud y la sabiduría de las Comunidades Negras las lleva a usar esta planta medicinal para prevenir y tratar los síntomas del coronavirus. Marién Grueso considera la planta como una “salvación“ de manera que “ha aportado a evitar muertos o enfermedades severas a raíz del Covid-19”.
El Pacífico caucano cuenta con 17 consejos comunitarios; la Ley 70 de 1993 les garantiza derechos étnicos-territoriales y la autodeterminación en sus territorios. El reclutamiento forzado, las amenazas, las infiltraciones o el cobro de vacunas, entre muchos elementos, representan un desafío para la cohesión social y la organización de las comunidades. Un informe actual de varias organizaciones de Derechos Humanos en Colombia cuenta, solo en el Cauca, 271 lideres sociales asesinados desde la firma de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP, en 2016. El asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué, en Caldono el martes pasado, y los enfrentamientos entre la Guardia Indígena y actores armados durante la minga interna, que ocasionó 27 heridos por armas de fuego, muestran que el Departamento del Cauca se encuentra en medio de una guerra aguda.
En este orden de ideas, varias personalidades, en el acto de cierre, estuvieron de acuerdo en que la Caravana Fluvial fue un logro; los alcaldes en funciones de los tres municipios declararon su apoyo y firmaron el Pacto por la Vida y la Paz. La alcaldesa Neyla Yadira Amú, de Timbiquí, invitó en su discurso a los actores al margen de la ley y la fuerza pública a una mesa de diálogo; siempre y cuando estén involucradas organizaciones étnico-territoriales de la región afectada. Esta posición se reafirma en el manifiesto final de la Caravana. Ella, por supuesto, “no puede resolver el conflicto armado en nuestra costa del Pacífico, pero ha sensibilizado a nuestras comunidades y ha unido las fuerzas en favor de la paz”, declaró firmemente Orlando Pantoja en sus palabras finales. Ahora, más que nunca, la Comunidad Internacional debe comprometerse a apoyar la solución política del conflicto en la región.
La urgencia del apoyo internacional a la paz se puso de manifiesto apenas dos días después de la culminación de la Caravana. Hubo enfrentamientos de nuevo, en la madrugada del 24 de abril, entre la disidencia de las FARC-EP y la Infantería Marina del Ejército, como alertó COCOCAUCA. Videos grabados en celular que circularon en redes sociales muestran balaceras y gente de las comunidades que se esconde del peligro. Vuelve a darse, como el mes anterior, el riesgo de una ola masiva de refugiados a la cabecera municipal de Timbiquí. Se estima que hay cerca de 5.000 personas afectadas por esta situación.
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