Un censo obligó a José y María, con el Niño Dios en su vientre, a viajar a Belén. Los empadronamientos de esa época eran perversos, al forzar a millones a desplazarse.
Hoy los censos son operaciones sofisticadas y obligatorias para los estados: se necesitan para tomar decisiones sobre salud, vivienda, empleo, educación, etc. Son *indispensables* para las decisiones más trascendentales.
El pueblo afro, acompañado por la Iglesia en especial en el Pacífico, sostiene una lucha de décadas por que se le reconozca y se le cuente bien. La perversidad ahora está en la “invisibilidad estadística”, la vieja tendencia racista a hacer como si los pueblos afrodescendientes no existieran al recolectar datos decisivos. Está presente en todo el continente; los liderazgos afro nacionales tuvieron que movilizarse, protestar, presionar para que se incluyeran preguntas que permitieran a los grupos étnicos identificarse. Una vez visibles, los datos muestran, en Brasil, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú y otros, que los pueblos afro viven condiciones de atraso que los estados pueden resolver, si así lo deciden.
El libro de Números, en la Biblia, muestra el primer gran censo de Israel; las dificultades para justificarlo y realizarlo. Hoy un censo mal realizado o hecho a destiempo lleva a decisiones equivocadas. Quienes sufren las consecuencias son las poblaciones más desfavorecidas.
Pedro, en Hechos de los Apóstoles, después de tener una visión y ver que el Espíritu Santo se manifiesta en casa de personas no judías, exclama “Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas” (Hechos 10). Los pueblos afro luchan porque los estados reconozcan que les excluyen de sus beneficios; se invisibiliza a los pueblos, hacen como si no existieran y se lavan las manos ante problemas estructurales.
El p. Emigdio Cuesta Pino, misionero verbita de Bojayá, Chocó, construye, desde hace décadas, el poder organizativo de los pueblos afro en Bogotá. Es el secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Esta convergencia, se unió a Ilex Acción Jurídica, la Asociación de Economistas Negras – “Mano Cambiada”, Hileros-PCN, Afrodes y Aconc, para demandar el censo nacional de 2018, que redujo abruptamente la población afrodescendiente en un 30%, cerca de 1,4 millones de personas. Estas organizaciones afro nacionales demostraron, ante varios tribunales hasta llegar a la Corte Constitucional, que el perjuicio contra sus pueblos fue serio y real. La Corte les dio la razón en la sentencia T-276 de 2022: le niega a su pueblo el derecho a la igualdad, a tener una identidad diferente y que el estado la reconozca, a tener información estadística de calidad y el acceso progresivo a los derechos sociales, económicos y culturales. porque contarles es el primer paso en el reconocimiento de sus derechos.
Ilex Acción Jurídica insiste en que la causa está en que en Colombia, de un total de 85 mil funcionarios, sólo 2,5 se reconocen como afro. ¿Cómo van a defender algo que no consideran suyo? Es la organización más pendiente de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, siga las indicaciones de la Corte. Fue la primera en alertar sobre la decisión de este Departamento de no hacer el conteo pensado para 2025. Los conteos sirven para ajustar con precisión los censos antes de realizarlos; no hacer el de este año arroja dudas sobre la voluntad de corregir los errores del pasado.
El p. Emigdio Cuesta afirma que el Dane está “mamando gallo”: hace reuniones para lavarse las manos, sus funcionarios quieren que las comunidades aprueben que “ya cumplieron” las órdenes de la Corte Constitucional, cuando dificultan el acceso a la información. “Se trata de un racismo institucional, estructural y sistémico”, dice el p. Cuesta Pino.
Victoria Eugenia Peralta, también de la CNOA, afirma que era urgente hacer el conteo este 2025, pero el Dane dice que el Ministerio de Hacienda no lo considera prioridad. Tampoco lo hace para el censo de 2030. “No hay voluntad política; cuando volvamos a tener otro genocidio estadístico, va a ser impresionante”, afirma Peralta. El Dane apunta a reducir los costos con información de otras agencias e incluso con datos de organizaciones ciudadanas, pero cada entidad tiene reglas distintas y las organizaciones están lejos de tener los recursos del estado.
Emilia Eneida Valencia, de la Tonga CNOA Afrovallecaucana por la Vida, presenta una situación similar con la Secretaría de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle. Las organizaciones regionales se preocupan porque la invisibilidad estadística y la desinformación vulneran derechos fundamentales y agudizan desigualdades. Demorar un censo retrasa los recursos que necesitan los territorios y las poblaciones afro. El autorreconocimiento es clave para que las comunidades negras se asuman como tales en todos los registros y así lo considera la Corte Constitucional. Victoria Eugenia Peralta también resalta que la persona que no se autorreconoce como afro en el censo, tampoco lo hará en otros espacios claves para la identidad y el desarrollo de las comunidades.
“El Dane y el estado deben garantizar las condiciones necesarias para que se gesten procesos de auto-reconocimiento, de lo contrario, ningún censo va a funcionar”, afirman desde la Tonga Afrovallecaucana. “Eso es responsabilidad del estado porque la gente no se va a auto reconocer nunca si desde el mismo estado se sigue promoviendo una imagen negativa de la negritud; es un problema estructural”.
Este artículo fue publicado por primera vez en el no. 295 del Año XXXIV de La Voz Católica. En este enlace puede consultarlo en la forma impresa del periódico de la Arquidiócesis de Cali.
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