Las protestas contra la frustrada reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque fueron el detonante de una nueva crisis en Colombia. A una semana del inicio de los conflictos entre el ejército y los manifestantes, las calles de ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cali continúan en efervescencia. Un residente de esta última, un brasileño, dice que los informes son de “muerte y opresión”.
“Las fuerzas armadas están en las calles y disparan contra la gente. Cada noche, desde el jueves pasado, es de terror y mucha angustia. No sabemos qué va a pasar”.
S. C. P., profesor de portugués, 29 años
El brasileño, profesor de la Pastoral Afro, optó por no revelar su nombre por temor a represalias, dice que la ciudad está “cerrada”. Ya teme que falte comida.
“Puedo salir de casa porque vivo en un barrio de clase media. Pero todo está bloqueado. Incluso el aeropuerto está cerrado. Ya faltan frutas y verduras, que llegan todas las semanas. Los organizadores de la huelga dijeron que se perderían comida. Pero salir de noche … ¡Ni pensarlo!”
En noviembre de 2019, las reformas económicas de Duque ya habían provocado protestas, las mismas que retrocedieron tan pronto la nueva pandemia de coronavirus golpeó el país. En esta ocasión, lo que generó indignación entre la población fue la propuesta de una reforma tributaria en un momento delicado.
Crearía impuestos del 19% sobre productos esenciales de la canasta familiar y en los servicios, además de sugerir un impuesto funerario. También ampliaría la base de quienes deberían declarar el impuesto sobre la renta para incluir a las personas con salarios equivalentes a R $ 1.500 y R $ 1.600. Esto terminaría pesando más en las clases medias y bajas del país que en los más ricos.
“Todo esto en un momento en que Colombia atraviesa una crisis social muy grave, con más de 75 mil muertos [por covid-19]. Y, en las principales ciudades del país, el 95% de las camas de UCI [Unidades de Cuidados Intensivos] están ocupadas. La reforma fue inoportuna y cruel”.
Jaime Alves, 42 años, profesor de la Universidad de California, Santa Bárbara (EE. UU.) Y especialista en materias relacionadas con Colombia
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, con acciones similares a la Defensoría Pública de la Unión (DPU), las protestas dejaron 19 muertos, 254 civiles y 457 policías heridos.
La activista Debaye Morman Barrera, de 27 años, ha vivido en Río durante unos seis meses porque no pudo regresar a Colombia después del cierre de las fronteras debido a la pandemia. Ella trabaja en una casa cultural que apoya a niños, jóvenes y mujeres en Cali; dice que la violencia ha golpeado las regiones donde viven los más pobres. “Son personas que, en general, salen de casa en busca de alternativas para una vida mejor”, dice.
Según ella, es fundamental que el gobierno detenga de inmediato los asesinatos. La reforma fue retirada del Congreso el domingo, con la promesa de Duque de suavizar los puntos más controvertidos. Entre tanto, dimitió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el creador de la reforma. Dijo que su presencia en el gobierno “dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios”.
Duque pretendía recaudar 23,4 billones de pesos colombianos (R $ 33,2 mil millones). Con eso, prometía mejorar las finanzas del estado y continuar con los programas sociales.
En 2020, Colombia experimentó una caída del PIB (Producto Interno Bruto) del 6,8% y un aumento del desempleo al 16,8%. Casi la mitad de los 50 millones de habitantes del país se encuentran en el sector informal y la pobreza afecta al 42,5% de la población.
Para el profesor brasileño, el país está tomando medicinas demasiado fuertes para la situación económica, sin observar su impacto en las personas. “Colombia tiene uno de los mejores desempeños económicos de América Latina. Por ejemplo: la deuda pública del país es infinitamente menor que la nuestra. La nuestra es el 95% del PIB (Producto Interno Bruto); la de ellos es el 65%”.
“La principal razón por la que salimos a las calles fue la reforma fiscal, pero queremos que Duque renuncie a la presidencia”.
Debaye Morman Barrera, 27, activista
El sentimiento activista muestra cómo las manifestaciones que comenzaron la semana pasada tienen como telón de fondo agendas que apuntan al descontento de varios sectores necesitados de la población, explica el profesor Jaime Alves, integrante del Movimiento Negro brasileño, quien ya impartió clases en la Universidad Icesi, en Cali, entre 2018 y 2019.
Además de querer reformas estructurales, no solo tributarias, la población está lidiando con problemas que se han prolongado sin solución durante décadas.
“Este es el detonante de una crisis que tiene exigencias muy estructurales. El país tiene el conflicto armado más largo del hemisferio occidental. Son 50 años de guerra en Colombia. Más de 80 mil personas están desaparecidas y asesinadas. El acuerdo de paz de 2016 con las FARC no se tradujo en políticas sociales. Mantener una guerra tan larga requiere mucho gasto. El país quedó endeudado con estos gastos y la gente pagó el precio de una guerra sin retorno”.
Jaime Alves, profesor de la Universidad de California, Santa Bárbara (EE. UU.)
El profesor explica que, además de todas estas demandas, las manifestaciones programadas para este jueves (5) deben solicitar la renuncia del presidente Iván Duque. Para el mismo día, la canciller Claudia Blum convocó una reunión con el Ministerio de Defensa para discutir “la evolución de la situación”.
UOL se puso en contacto con la Embajada de Colombia en Brasil, pero hasta la publicación de este informe no obtuvo respuesta. En un post en su cuenta oficial de Twitter, el organismo manifestó que, “ante los pronunciamientos de la comunidad internacional sobre la situación en nuestro país, la Cancillería reafirma enérgicamente que Colombia es un estado de derecho con sólidas instituciones democráticas y garantiza los derechos de los ciudadanos, como el de la vida y la movilización pacífica”.
También el portal Alma Preta – Periodismo Negro y Libre, asegura que la brutalidad policíaca en Colombia es peor entre las comunidades negras de Cali.
El ejército y otras fuerzas de seguridad cercaron la ciudad, donde más del 25% de la población es negra; la revuelta de la población local aumentó por las denuncias de violaciones y asesinatos cometidos por agentes del estado.
Los sectores más afectados por la represión policial son los barrios del Distrito de Aguablanca, al oriente de la ciudad, donde vive el 70% de negros y negras en Cali. Los manifestantes se reúnen en Puerto Resistencia para enfrentar los ataques de las fuerzas de seguridad.
El medio también recuerda las violaciones sistemáticas de los años anteriores: desde 2016, con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, al menos 1.147 activistas han sido asesinados, cita a una fuente que dice que “si bien el estado no es el único responsable, sí es parte importante de la máquina de guerra que afecta principalmente a la población negra e indígena”.
La plataforma Grita denuncia 9 violaciones, 1.181 casos de abuso policial, 26 asesinatos y 761 detenciones injustificadas, entre abril 28 y mayo 3. Publicaciones y videos con cifras sobre los abusos han sido retirados de internet.
Un profesor brasileño afirma que, aunque el gobierno retiró la reforma tributaria, la violencia usada para reprimir las primeras manifestaciones generó más protestas”. Los manifestantes afirma que el Smad (sic) es responsable de invadir casas, desapariciones y retenciones injustificadas, entre otras violaciones.
Vicenta Moreno, activista de la Organización de Mujeres del Oriente de Cali, denuncia que nuevas olas de represión vienen en camino. Teme por la vida de la juventud pobre del este de la ciudad, que ha sido blanco de políticas de represión.
Fuentes originales:
Campos, Djalma (2021). “Brasileiro relata clima de violência na Colômbia: “Terror e muita angústia” “. São Paulo: UOL – Internacional, mayo 5. [Traducción automática]
Guimarães, Juca (2021). “Colômbia: Brutalidade policial é maior nas comunidades negras de Cali“. Brasil: Alma Preta – África & Diáspora, mayo 4. [Traducción automática]
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